La rebaja de penas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores fue autorizada por el presidente José Antonio Kast. Los decretos llevan la fórmula «por orden del Presidente de la República». El ministro de Justicia, Fernando Rabat, materializó la firma.
El procedimiento se ampara en una interpretación administrativa de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la no retroactividad de la ley. Las rebajas se gestionaron por vía administrativa y no mediante indultos, lo que ha generado críticas y preocupación.
Qué dicen los antecedentes
El Ministerio de Justicia dictó los 56 decretos de rebaja de condena entre marzo y septiembre de 2026. De ese total, 27 corresponden a condenados por abuso sexual de menores y 29 a condenados por violación, según antecedentes publicados.
Para la bancada de Renovación Nacional, estas decisiones responden a criterios fijados previamente por la Corte Suprema. Sin embargo, el partido considera necesario avanzar en una modificación constitucional que entregue certeza jurídica.
Reacción en el Congreso a la rebaja de penas
El Comité de Diputadas y Diputados del Partido Comunista e Independientes solicitará una sesión especial de la Cámara. El objetivo es esclarecer las responsabilidades del Gobierno en las rebajas de condena.
Los parlamentarios comunistas habían anunciado una interpelación al ministro Rabat. No obstante, primero quieren recibir explicaciones del Ejecutivo, aunque mantienen abierta esa posibilidad futura.
Por su parte, la diputada Ximena Ossandón impulsa una reforma constitucional respaldada por la bancada RN. La iniciativa busca establecer reglas claras sobre la aplicación temporal de los beneficios penitenciarios.
Además, la propuesta pretende impedir que interpretaciones retroactivas permitan reducir el tiempo efectivo de cumplimiento de estas condenas. La reforma apunta a que los beneficios en delitos sexuales no queden sujetos a interpretaciones contradictorias.
