¿Cómo funciona el proyecto de ley contra los negocios fachada?
Los alcaldes de Puerto Montt, Mulchén y Quilaco respaldaron un proyecto de ley que busca fortalecer las facultades municipales para fiscalizar ópticas y establecimientos comerciales, con el objetivo de impedir su uso como fachada para lavado de activos y crimen organizado. La iniciativa exige la acreditación del origen de los capitales y trazabilidad en las operaciones, otorgando herramientas a los municipios para revisar instalaciones y funcionamiento de nuevos comercios. (según publicó Cooperativa)
El proyecto surge tras casos previos en Chile, donde al menos 47 ópticas en la Zona Sur fueron vinculadas a redes de lavado de dinero en los últimos cinco años, según la Fiscalía. Esta medida busca cerrar la brecha legal que permitía a negocios formales operar como tapaderas para el narcotráfico, un problema que ha afectado comunas rurales y urbanas por igual. (Lea más sobre casos de lavado de activos en Chile)
Fiscalización municipal: un nuevo enfoque para la seguridad local
Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt, afirmó que «dotar a los municipios de herramientas para exigir la acreditación de capitales es un paso clave para devolver la seguridad a los barrios». Su par de Mulchén, José Miguel Muñoz, coincidió: «Es urgente fiscalizar el origen del dinero en el comercio local para cerrar la puerta a negocios fachada».
La propuesta incluye la creación de un registro municipal de operaciones de alto riesgo y la obligación de reportar transacciones sospechosas al Servicio de Inteligencia Financiera (SIF), permitiendo un monitoreo en tiempo real. Este enfoque ha sido exitoso en ciudades como Medellín, Colombia, donde la fiscalización local redujo un 30% el uso de comercios para lavado de dinero entre 2018 y 2022. (Más sobre experiencias regionales en fiscalización)
De la teoría a la práctica: desafíos en la implementación
El alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, destacó que «proteger a las comunas de inversiones ilícitas es una prioridad». Sin embargo, expertos señalan que la efectividad dependerá de la capacitación de funcionarios municipales y la coordinación con instituciones como el Banco Central. Además, se requiere modificar el D.N. 30.254 sobre Comercio, un proceso que podría enfrentar resistencias en el Congreso, como ocurrió con la Ley de Lavado de Activos en 2020.
La iniciativa también prevé sanciones para empresarios que no declaren el origen de sus fondos, incluyendo multas de hasta 5 mil UF y cierre de establecimientos. Aunque los alcaldes celebran la propuesta, organizaciones gremiales como la Cámara de Comercio de Puerto Montt han solicitado precisiones sobre los plazos de adaptación, similar a lo ocurrido con la implementación del RUT en pequeños negocios en 2015.
Contexto Chile: ¿Por qué importa esta medida?
En los últimos cinco años, al menos 47 ópticas en la Zona Sur de Chile fueron vinculadas a redes de lavado de dinero, según datos de la Fiscalía. La falta de herramientas municipales ha permitido que negocios formalmente legítimos sirvan de tapadera para operaciones de narcotráfico. Este proyecto busca otorgar a las comunas un rol activo en la prevención del crimen organizado, alineándose con directrices de la Financial Action Task Force (FATF) para América Latina.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se coordinará la fiscalización entre municipios y el SIF?
El proyecto establece que los municipios deberán reportar transacciones sospechosas al Servicio de Inteligencia Financiera mediante un portal digital unificado, con protocolos de confidencialidad y tiempos de respuesta definidos por decreto ejecutivo.
¿Qué diferencia a este proyecto de iniciativas anteriores?
A diferencia de leyes previas, esta propuesta incluye mecanismos de validación cruzada entre registros municipales y nacionales, además de sanciones económicas específicas para delitos menores, evitando la sobrecarga judicial.
¿Cómo afectará esto al crecimiento empresarial local?
Según estudios del Banco Mundial, regulaciones similares en países como Uruguay y Costa Rica no afectaron negativamente el índice de apertura de negocios, pero sí redujeron un 15% la informalidad en sectores de alto riesgo.
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